Los orígenes de la política forestal española

En los siglos medievales y modernos, la mayor parte de lo que hoy conocemos como montes públicos (por entonces una masa muy heterogénea de terrenos) eran administrados por las comunidades locales. Esto cambiaría a partir de la revolución liberal. En el siglo XIX, el Estado fue tomando cada vez mayor control sobre los montes. Las causas y consecuencias de este proceso son todavía motivo de debate entre los especialistas. Lo que aquí se trata es de recoger, de forma muy resumida, los principales hitos de la política forestal española en el siglo XIX, porque son las raíces de nuestro actual sistema de gestión de montes y bosques.

El decreto del 14 de enero de 1812 definió los montes públicos en su sentido moderno: los pertenecientes al Estado, a los establecimientos públicos y a los pueblos. Sancionado en plena Guerra de la Independencia, durante la época de las Cortes de Cádiz, es señal de la importancia que tenía la cuestión para nuestros primeros diputados liberales.

Ordenanzas de 1833

Las Ordenanzas de Montes de 1833 pusieron las bases para la gestión centralizada de estos espacios, acorde con el modelo de Estado que se estaba implantando. A partir de entonces, su administración se encargó a la Dirección General de Montes, creada ese mismo año. Sin embargo, la importancia de este organismo declinó a partir de 1845, año en que muchas de sus competencias se transfirieron a los gobernadores provinciales, entonces llamados jefes políticos. Parece que este cambio tiene que ver con la consideración de los montes, en especial los pertenecientes a los pueblos, una cuestión más política que técnica o conservacional.

No obstante, el camino hacia la profesionalización del sector continuaba. En 1852, la Escuela de Villaviciosa de Odón licenciaba la primera promoción de Ingenieros de Montes. El Cuerpo se constituyó definitivamente en 1854 y a partir de entonces jugó un papel esencial en la gestión de los montes públicos. De hecho, se les encarga el primer estudio científico sobre ellos en 1855, en el contexto de la desamortización general. Esta ley había abierto la veda para la venta de los espacios forestales, pero ni se sabía su extensión, ni su calidad, ni cuáles de ellos debían quedar a salvo de la venta. El informe dividía los montes en tres tipos:

1. Los que no podían venderse sin "causar graves daños en la agricultura y en la salubridad del país". Eran los bosques de abetos, pinabetes, pinsapos, pinos, enebros, sabinas, tejos, hayas, castaños, alisos, abedules, robles, rebollos, quejigos, acebos o piornos.

2. Los que necesitaban un reconocimiento previo para poder decidir: Bosques de alcornoques, encinas, mestizales o coscojos.

3. Los que podían venderse. Eran los que no se citaban en los apartados anteriores, en su mayor parte pastos, matorral y monte bajo.

Clasificación General de 1859.

Es decir, que se imponía el criterio de la especie dominante. Pero aún faltaba hacer el inventario. En 1859, el Ministerio de Fomento encargó al Cuerpo de Ingenieros de Montes su realización. Hecha en un tiempo récord y con medios muy escasos, la Clasificación General de los Montes Públicos de 1859 es el primer inventario forestal español. El resultado total fueron 10.186042 hectáreas, aunque parece que en realidad había bastantes más que no se incluyeron.

En cualquier caso, los criterios con que finalmente se llevó a cabo la desamortización fueron aún más estrictos. El Real Decreto de 22 de enero de 1862 solo salvaba de la venta aquellos montes de las especies arriba indicadas y que además superaran las 100 hectáreas. Resultado de ello fue el Catálogo de los Montes Públicos de 1862, que ya solo contenía aquellos terrenos que no podían venderse. Tampoco se siguió al pie de la letra y muchos de los montes de este catálogo fueron vendidos, pero ese ya es otro asunto.

La Ley de Montes de 1863 (y el Reglamento de 1865) dejaba como administrador del monte público al Ministerio de Fomento. Comenzaron entonces los planes de aprovechamiento forestal, que se generalizaron a partir de la década de 1870. Eran elaborados por los ingenieros y trataban de controlar y limitar los aprovechamientos que se hacían del monte, sobre todo por parte de los pueblos. Con el tiempo, se convirtieron en un instrumento clave de la política forestal. No obstante, estaban pensados para ser provisionales. El paso definitivo consistiría en realizar los planes de ordenación, que comenzaron en 1890 (Real Decreto de 9 de mayo) y se retrasaron bastante. En 1933, los montes públicos que se habían ordenado eran menos del 11 por cien.

Los delitos de montes se hicieron cada vez más comunes, dado que las regulaciones de los ingenieros chocaban muchas veces con el uso tradicional que los campesinos hacían en sus bienes de propios y comunes. El resultado fue que, en 1876, se encargó la custodia de los montes públicos a la Guardia Civil. No sería hasta 1907 cuando se creara el Cuerpo de Guardería Forestal, dependiente del Ministerio de Fomento.

Por su parte, en 1877 llegaba la primera ley de repoblación y en 1896 se definían los Montes de Utilidad Pública, esta vez ya no según la especie dominante, sino siguiendo criterios de conservación y salubridad. El resultado fue la confección del Catálogo de los Montes de Utilidad Pública de 1901, punto final de esta primera etapa de la política forestal española. 

Para saber más:

GÓMEZ MENDOZA, Josefina: Ciencia y política de los montes españoles (1848-1936), Madrid, ICONA, 1992.

JIMÉNEZ BLANCO, José Ignacio: "Los montes de propiedad pública (1833-1936)", en COMÍN, F. y MARTÍN ACEÑA, P. (coords), Historia de la empresa pública en España, Madrid, Espasa Calpe, 1991, pp. 241-281.

SANZ FERNÁNDEZ, Jesús: "La historia contemporánea de los montes públicos españoles, 1812-1930. Notas y reflexiones (I)" en GARRABOU, R. y SANZ, J. (eds.): Historia agraria de la España contemporánea. 2. Expansión y crisis (1850-1900), Barcelona, Crítica, 1985, pp. 193-228.